El Parlamento japonés ha tomado la decisión de criminalizar la creación y distribución de virus de computadora, en un intento de disminuir el problema de los cibercrímenes, pero los críticos dicen que esto no es solución alguna y que además, infringe la garantía constitucional de la privacidad de las comunicaciones. De esta manera, el gobierno japonés pretende concluir la Convención sobre el Cibercrimen, un tratado que estipula la cooperación internacional para investigar los crímenes en el ciberespacio. Aparentemente, como en otros países, los japoneses piensan que se puede legislar todo y que con ello el asunto quedará resuelto.
Es claro que las autoridades que hacen estas investigaciones sobre ciberataques a las oficinas de gobierno, a corporaciones e incluso, a sitios de individuos, tienen dificultades para aplicar penalizaciones y castigos, pues no hay una ley específica que defina estas cuestiones. Por ello, esta nueva ley japonesa está destinada a castigar actos como la creación de virus o daños a las redes de computadoras.
La legislación castiga la creación y distribución de virus de computadora hasta con tres años en prisión o medio millón de yenes en multas, así como la confiscación de los equipos de los “criminales”, amén de hasta dos años de cárcel o 300,000 yenes en multas. Se hace penalizable incluso mandar correos con imágenes pornográficas a un número azaroso de personas.
La ley permite, de forma por demás controversial, confiscar o copiar información de los servidores que están conectados en línea a las redes o a la computadora confiscada para la investigación que se requiera y permite a las autoridades pedirle a los proveedores de Internet que retengan las bitácoras de comunicación, tales como nombres y receptores de correos por hasta 60 días.
Y aunque todo esta ley se ve muy estricta, ya hay voces que indican que mantener las bitácoras de comunicación violan la privacidad de las comunicaciones, garantizadas por la Constitución, por lo que la Cámara Alta del comité de Asuntos Judiciales, que está involucrada en esta legislación, ha hecho un llamado a las autoridades para aplicar la ley apropiadamente.
El gobierno japonés ya en ocasiones anteriores había mandado propuestas similares de legislación, pero fallaron antes por la fuerte oposición a decidir que es un acto de conspiración el simple hecho de que un grupo se reúna para simplemente concebir el cometer un crimen, es decir, por asumir que se habla de esto se pretendía criminalizar cierto tipo de reuniones entre personas.
La Convención sobre el Cibercrimen fue adoptada por el Consejo Europeo en el 2001 y que empezó a surtir efecto en el 2004, con 31 países que ya la han ratificado, la cual trata de criminalizar actos como acceso no autorizado a sistemas de cómputo, guardar imágenes de pornografía infantil e infringir los derechos de autor, entre otros asuntos.
Es claro que el problema del cibercrimen es importante discutirlo y tomar medidas, pero el legislar de esta manera parece un asunto más dictatorial que el intentar poner orden en este problema. Los gobiernos, ante la imposibilidad de poder evitar todas las actividades humanas que parecen ser nocivas de acuerdo a ciertos criterios, y que además, muchas de ellas involucran las libertades y los derechos individuales, se encuentran ante la disyuntiva de actuar dictatorialmente o simplemente dejar pasar.
Fuente: Mainichi Daily News