Las redes sociales se encuentran en constante escrutinio y es que en diversas partes del mundo han entrado una serie de regulaciones con el objetivo controlar los alcances de las plataformas digitales.

Resulta que ahora la moderación de contenido es uno de los temas más complejos para las empresas de redes sociales, pues Texas se puso las pilas y emitió una nueva ley a través de la cual los usuarios tienen la capacidad de demandar a las compañías por censura.

De acuerdo con el documento, es ilegal que las plataformas de redes sociales con 50 millones de usuarios mensuales o más bloquee, prohíba, remueva, elimine, desmonetice, reduzca el impulso, restrinja, niegue el acceso ingualitario o visibilidad, o discrimine de otra la manera de expresión.

Esta legislación fue promovida desde el año pasado luego de que los perfiles de diversos políticos conservadores, incluido don Trump, fueron bloqueados en diferentes redes sociales.

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Si bien, a finales del año pasado esta propuesta de ley fue bloqueada por un juez que la dictaminó inconstitucional según la Primera Enmienda; sin embargo, una corte de apelaciones la desbloqueó la semana pasada sin explicación alguna.

Ganancia contra las redes sociales

El falló generó polémica; el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo que habían obtenido una gran ganancia contra las tecnológicas, y no es para menos; ahora está facultado para demandar a las redes sociales.

No obstante, para las empresas y sus investigadores de moderación de contenido, las afirmaciones sobre discriminación política a usuarios conservadores que dieron origen a la Ley no tienen fundamento.

Esto se debe a que existe poca evidencia sistemática dentro de las plataformas para respaldarlas.

Futuro

A partir de esta legislación, las redes sociales podrían tener un lavado de cara completo, ya que las plataformas deberían detener el filtrado o clasificación de contenido a través de un algoritmo, de manera que las publicaciones se vean de forma cronológica.

Inmediatamente, el organismo que reúne a las organizaciones comerciales de la industria tecnológica, NetChoice, junto con la Asociación de la Industria de las Comunicaciones Informáticas, apelaron a la Suprema Corte para que suspenda la legislación.

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