Ahora resulta que cuando alguien usa código abierto, se convierte en enemigo del Estado. Andrés Guadamuz, un profesor de leyes en la Universidad de Edinburgo, ha encontrado que se está cabildeando con el gobierno norteamericano para considerar básicamente al uso de código abierto como equivalente a la piratería, o incluso aún peor.
Se indica que la International Intellectual Property Alliance (Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual – IIPA), un grupo que protege a organizaciones como MPAA y RIAA, han pedido al representante de los mercados de los Estados Unidos, que considere países como Indonesia, Brasil y la India dentro de su lista especial “301”, porque usan código abierto.
¿Qué es este grupo 301? Es un reporte que examina la “adecuación y efectividad de los derechos de la propiedad intelectual” en el planeta y que efectivamente, lista a los países que el gobierno de los EEUU considera enemigos del capitalismo. Normalmente se echa a andar este mecanismo de “protección” como una forma de presión de intercambio, frecuentemente en el ramo farmaceútico, para tratar de forzar a los gobiernos a cambiar sus comportamientos.
Es bien sabido que el código abierto tiene la tendencia de ser ligado a los ideales socialistas, pero es claro que también es un ejemplo del libre mercado del capitalismo. Cuando las compañías no pueden competir por alguna razón, harán bien en ajustar reducir costos e incluso bajar precios para ver si pueden seguir en el mercado. Curiosamente el código abierto es en general gratuito y parece ahora acusársele a este esquema de piratería. ¿Qué pensarán con respecto a Google, que da muchísimos de sus productos de forma gratuita? ¿Será acusado de ser anticapitalista? La posición parace, sin embargo, tener sentido para algunos, pues lastima a empresas como Microsoft, por mencionar a alguno de los grandes jugadores en el campo de la tecnología.
No obstante, lo interesante es que Guadamuz encontró que los gobiernos no tienen que incluso pasar legislación alguna. Basta una simple recomendación. Por ejemplo: el año pasado el gobierno de Indonesia pasó un memorandum indicando que todos los departamentos del gobierno deberían orientar sus sistemas a código abierto. Esto, de acuerdo a IIPA “estimula a las agencias de gobierno a usar FOSS (Free Open Source Software), software libre de código abierto para el año 2011, lo cual llevará al uso de código abierto legítimo y a una reducción en el costo del software“. Y hasta aquí pareciera que todo es correcto, pero de acuerdo a IIPA, Indonesia necesita ser mirado con atención en este status especial 301 porque estimula, aunque no obliga, a estas acciones que “debilitan la industria del software” y que “falla en la construción de los derechos de la propiedad intelectual“.
La recomendación formalmente viene así: “La política del gobierno de Indonesia […] simplemente debilita a la industria del software y mina la competencia de largo plazo creado una preferencia artificial por compañías que ofrecen software de código abierto y servicios relacionados, e incluso, rechaza a muchas compañías legítimas en su acceso al mercado del gobierno.
En lugar de promover un sistema, que permite a los usuarios beneficiarse de la mejor solución disponible en el mercado, sin tomar en cuenta el modelo de desarrollo, estimula a no tomar ninguna consideración sobre el valor de las creaciones intelectuales.
Esto, de tal manera, falla en la construcción del respeto por los derechos de la propiedad intelectual y limita a la los clientes del sector público o gobierno a elegir la mejor solución“.
No hay que olvidar que el comunicado ignora el hecho de que hay muchos negocios construidos a partir del modelo de código abierto (RedHat, WordPress, etc.). Pero más allá de esto, resulta extraño por decir lo menos, que alguien crea que el uso de código abierto “mina” a la industria del software.
En mi opinión, en el fondo, el argumento es buscar quitarle fuerza al lento movimiento del software libre. Vaya, que en palabras del Dr. Simi podría decirse “es lo mismo, pero más barato“. ¿O no?
Fuente:The Guardian