El pasado lunes 24 de marzo, el Ejecutivo envió su iniciativa de legislación secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión al Senado para su discusión. Sin embargo, minutos después de que estuviera disponible para descargarse encontramos a varios políticos y analistas descalificándola por venir reducida e, incluso, por ser una contra reforma al espíritu de la aprobada en junio del año pasado. Pareciera que han tomado cursos de lectura rápida o hicieron uso de la más reciente tecnología para leer a gran velocidad el documento de más de 250 páginas.

Pero lo que no hicieron con gran celeridad los legisladores fue cumplir el plazo que venció el 9 de diciembre para tener la legislación secundaria que detallaría la ambiciosa Reforma Constitucional a las Telecomunicaciones. Y es que estaban esperando que el Ejecutivo les diera el primer borrador para, ahora sí, arrastrar el lápiz, invertir la saliva y discutir los pormenores.

Si bien el Pacto por México sirvió para que se pusieran de acuerdo y sacaran adelante reformas de alto impacto que no hubieran sido posibles de otra manera; hoy la ausencia del mismo pacto nos regresa a las épocas más oscuras en las que los diputados y senadores no avanzaban en temas de fondo y su actividad se reducía a descalificar las propuestas que provinieran de otro partido que no fuera el suyo. Y eso fue lo que vimos en la conferencia de prensa -la cual sólo se pudo ver en streaming- de los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, quienes rechazaron a botepronto la tan esperada legislación secundaria por ser contraria a los cambios aprobados por mayoría durante el año pasado.

Y vaya que ha estado dura la grilla con tantos intereses involucrados de las principales empresas de telecomunicaciones, radiodifusión y una que otra lucha de poderes y controles estatales. Supongo que no todas las voces disonantes a la propuesta de legislación son tan veloces al leer y muchos de ellos estuvieron presentes en las negociaciones. Sin embargo, esas negociaciones del primer borrador nada tienen que ver con la discusión abierta y transparente en el Congreso que está por comenzar.

Dentro de los puntos más polémicos de la legislación secundaria se encuentra el cambio de atribución en la administración, vigilancia y regulación de los contenidos de radio y televisión, que originalmente debería tener el nuevo ‘superregulador‘ IFETEL, hacia las manos de la Secretaría de Gobernación, lo cual pudiera ser visto como una forma de censura gubernamental. También queda pendiente el eterno tema de las estaciones de radio y televisión de uso público y social que no podrían vender publicidad, lo cual limita sustancialmente su impacto y crecimiento.

Adicionalmente, un tema crucial para la eficiente inversión de la industria privada se refiere a las reglas de operación del operador mayorista público que no podrá vender servicios a usuarios finales. Este tema va de la mano de la reducción de las áreas de servicio local en un periodo de 3 años, es decir, ya no volver a pagar largas distancias nacionales que es tan del siglo pasado; y también de la regulación de las tarifas de interconexión asimétricas con precio cero temporalmente para el operador declarado preponderante. En este último punto, la discusión radica en que se le resta poder al IFETEL de regular las tarifas diferenciadas y, por supuesto que cada quien puede opinar lo que quiera, pero el espíritu de la reforma es encontrar una solución general al problema, no una solución particular que necesite modificar la ley constantemente.

Por último, se encuentran también varios aciertos como la armonización de la Ley de Derechos de Autor para evitar el conflicto con la retransmisión de contenidos denominada Must-Carry y Must-Offer; la creación de un mercado secundario de espectro radioeléctrico en el cual los operadores podrán arrendar capacidad excedente a otras empresas; y el apoyo a las producciones independientes de contenidos que permitirán a los radiodifusores que cuenten con al menos con 20% de estas producciones a incrementar la cantidad de publicidad que puedan meter en su programación. Tiene aciertos y errores perfectibles.

Las descalificaciones a la integridad del documento reflejan poco interés por iniciar un sano debate en el ejercicio democrático. Son muchas voces y plumas a las que estaremos expuestos durante la discusión de las leyes secundarias, por lo que le sugiero amable lector, que ponga atención a las propuestas de modificación y mejoras a la redacción, más que a los fuegos cruzados y sombrerazos que veremos en los próximos días.

Para revisar el texto completo de la iniciativa de legislación secundaria en telecomunicaciones, dar click aquí.

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