Este domingo, la empresa japonesa de videojuegos Sega Corp reveló que la información de 1.3 millones de usuarios fue robada de la base de datos en el último caso de ataques en contra de grandes empresas y sus clientes que tienen su información personal almacenada en línea.
Los datos como nombres, fechas de nacimiento, direcciones de e-mail y contraseñas encriptadas de usuarios de Sega Pass han sido comprometidos. No obstante, Sega dijo en una declaración que los números de pago como información de tarjetas de crédito están seguros. Sega Pass ha sido deshabilitado.
“Estamos profundamente apenados por causar problemas a los clientes. Queremos trabajar en fortalecer la seguridad,” dijo Yoko Nagasawa, vocera de Sega, agregando que no es seguro cuándo volverá a estar en línea el servicio.
Este nuevo golpe a una empresa de videojuegos es el siguiente episodio a lo acontecido hace unas semanas con PlayStation Network, además de otras páginas de Sony alrededor del mundo que también fueron agredidas.
Sega Europa, una división de Sega que maneja la red Sega Pass, inmediatamente notificó a la empresa y los clientes de la red después de darse cuenta de la irrupción el jueves, dijo Nagasawa.
Lulz Security, un grupo de hackers que han sido autores de ataques contra otras compañías de videojuegos como Nintendo han ofrecido inesperadamente buscar y castigar a los hackers que se metieron a la base de datos de Sega.
En relación a esto, el gobierno de los Estados Unidos está en proceso de intensificar las condenas por crímenes virtuales. La propuesta, que está por verse si será ley, incluye sanciones mucho mayores a las que actualmente operan en ese país.
Hoy en día, los “primerizos” en actos cibernéticos fraudulentos tienen que cubrir una pena de máximo diez años por atacar alguna computadora del gobierno de los EUA y la seguridad nacional es puesta en juego; un máximo de cinco años si se ataca una computadora para robar y un año por sustraer una contraseña de alguna institución financiera o para accesar a una computadora de gobierno.
Bajo la propuesta de la Casa Blanca, la sentencia de diez años máximo por comprometer la seguridad nacional se volvería de veinte años; la de cinco años subiría a diez años y la menor, de un año (por cualquiera que sea la razón del acceso a la computadora del gobierno) se volvería de tres años.