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En México, periodistas y activistas como Carmen Aristegui, Mario Patrón del Centro Prodh, Juan Pardinas del IMCO, Carlos Loret de Mola y Salvador Camarena de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, han sido espiados con un software adquirido por el gobierno llamado Pegasus, según informes de The New York Times, colocando el tema en la portada de su versión impresa estadounidense.

De acuerdo con los reportes de este periódico, el avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano, en teoría, solamente puede ser utilizado para investigar a criminales y terroristas. Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.

Los intentos de espionaje también han abarcado a los familiares de los activistas y periodistas. Desde el año 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.

El software implementado por el gobierno mexicano se caracteriza por infiltrarse en los smartphones y otros dispositivos móviles para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular, tomando en cuenta llamadas, mensajes, correos, calendarios, contactos, etc. De igual modo, Pegasus funge como un micrófono oculto en los dispositivos para poder espiar y vigilar cada movimiento o palabra emitida por los propietarios.

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La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solamente sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han estado influyendo y violentando a los mexicanos desde hace muchos años. El software malicioso documentó su adquisición en tres dependencias mexicanas: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Juan Pardinas redactó e impulsó la legislación anticorrupción llamada Ley 3 de 3, cuyo objetivo primordial constaba en evidenciar las ganancias de los políticos con el fin de disminuir la corrupción. Por ende, queda claro que el gobierno mexicano implementó el software en ciudadanos que luchan por combatir uno de los mayores problemas que caracterizan a nuestra política. Por supuesto, sin dejar de lado a todos aquellos que hacen lo posible por no callar lo que sucede en nuestro entorno.

De acuerdo con la ley mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y sólo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar dicha solicitud. “Los ciberataques denotan las luchas internas que se libran en México y despiertan cuestionamientos legales y éticos sobre un gobierno que enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos”, asegura The New York Times.

Es poco probable que el gobierno mexicano haya recibido una aprobación judicial para poder llevar a cabo el cibercrimen en los dispositivos de los activistas y periodistas, comentaron exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia.

¿Cómo fue que los periodistas y activistas cayeron en el engaño?

Los intentos de hackeos fueron muy simples y personalizados. Las víctimas cayeron por medio de mensajes diseñados para generar pánico y conseguir un acceso fácil a los smartphones. La periodista Carmen Aristegui fue vulnerable ante un supuesto operador que se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México. El sujeto le pidió que accediera a un enlace para resolver un problema inexistente con su visa.

La esposa de Juan Pardinas también fue víctima y ella cayó debido a un mensaje en el que le aseguraban que su marido estaba teniendo un amorío.

Ante dichos lamentables incidentes, el gobierno mexicano negó haber estado vigilando a personas que dedicaran sus esfuerzos en combatir la corrupción y defender la justicia por medio de los derechos humanos. Desafortunadamente, el software destaca por no dejar rastro del hacker que lo haya utilizado, por lo que no hay pruebas definitivas de que el gobierno haya sido el responsable.

Según NSO Group, es poco probable que cibercriminales hayan tenido acceso a Pegasus, por lo que son pocas las dudas que señalan que pudo haber sido el gobierno mexicano. Dicha compañía únicamente cobra a clientes gubernamentales según el número de personas que serán vigiladas. Para espiar a 10 usuarios de iPhone, los fabricantes cobran 650 mil millones de dólares, además de otros 500 mil millones para la instalación de la tecnología.

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Por otro lado, hay muchas compañías periodistas que brindan a los usuarios un iPhone únicamente, por lo que múltiples dudas al respecto se han generado en torno al posible espionaje a todos aquellos que cumplen con la labor de informar a la sociedad lo que ocurre en nuestro país. Supuestamente, Pegasus, el software desarrollado por NSO Group, está enfocado solamente en los dispositivos de Apple.

Aunque se esté haciendo un mal uso del software, la empresa NSO Group aseguró no poder hacer mucho al respecto, pues no tiene la posibilidad de entrar en las agencias de inteligencia, quitar el software y llevarse el hardware. Sin embargo, la compañía confía en que sus clientes podrían cooperar con una inspección interna que podría realizar la empresa israelí, lo cual podría generar que se entregaran informes con los resultados a las autoridades pertinentes.

Llama la atención que los ciudadanos víctimas del software y de los ciberataques, gocen de una reputación en la que han destacado en su carrera por las fuertes críticas al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los ataques e intentos de espionaje en México ocurrieron entre enero de 2015 y julio de 2016.

Referencia: New York Times

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